El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas advierte a España por el incumplimiento de la Convención y del modelo de derechos humanos de la discapacidad en varias legislaciones y políticas nacionales, regionales y municipales.
La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CPCD) es un tratado internacional de derechos humanos que España ratificó en el 2008. España está obligada a cambiar sus prácticas y leyes internas para cumplir con la CDPD. Como estado monista respecto al derecho internacional, la CDPD está por encima de la legislación estatal -solo por debajo de la constitución- y al ratificarla se incorpora directamente al ordenamiento jurídico interno. La CDPD tiene, por lo tanto, categoría de ley y prevalece sobre las leyes internas vulneradoras de derechos humanos.
Este hecho debería generar un gran cambio en materia de derechos relacionados con las prácticas asistenciales sanitarias de personas con trastorno mental en España.
Enlaces para un extracto del texto del Comité traducido al español y el texto completo original en ingles: